Por Alexis Rodríguez-Rata
Jaume –nombre ficticio– es inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, alto funcionario del Estado en Barcelona. Empresas y empresarios, empleados y sindicatos son su día a día. Media entre ellos. Y decide sobre ellos. Cobra a cambio un salario de unos 3.200 euros netos al mes.
¿Es poco? Entre sus compañeros no abunda la excedencia. “Para qué”, se pregunta él. Los casos conocidos son “excepcionales”, la mayoría por motivos familiares, explica.
En otros cuerpos superiores del Estado no es igual. Abunda la excedencia, y en gran medida para acabar en la empresa privada donde incluso se llega a actuar contra los intereses del Estado.
Pasó con los pleitos internacionales a España por los recortes a las renovables. Y pasa hoy: el personal en excedencia entre la élite de los funcionarios por un interés privado es sobre el 15% en varios cuerpos clave. Al menos.
Y aquí el al menos es importante. Y no para bien. Lo cita Carles Ramió, catedrático de ciencia política y de la administración de la Universitat Pompeu Fabra: “No tengo esta información [sobre los altos funcionarios en excedencia en el sector privado], ya que es difícil obtenerla. Siempre he usado fuentes indirectas que de forma espontánea ofrecían algún dato”.
Pero él mismo señala, con todo, que más allá de la cifra concreta siempre ha existido y siempre ha sido significativo en cuerpos concretos: “Destacan los abogados del Estado, y a bastante distancia los inspectores de Hacienda pero también sucede con los técnicos comerciales del Estado”.
Se habla desde la experiencia. Los datos oficiales detallados año a año, escasean. Pero el pasado mes de marzo el ministerio de Justicia incluyó los de los abogados del Estado en el Boletín Oficial del Estado. Sin sorpresas. De un cuerpo de 663 letrados hoy casi la mitad no ejercen como tales. 263 por excedencia voluntaria (el 39,6%) y 46 en servicios especiales en diversas instituciones públicas (el 6,9%).
Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey desde el 2014, es ejemplo de este último caso. Pablo Isla, expresidente ejecutivo de Inditex, lo fue de los primeros. No obstante aquí abundan los anónimos.
Desde la asociación de inspectores de Hacienda, por su parte, se admite a La Vanguardia que “sabemos que son un 15-18%” los que se acogen a esta figura entre sus alrededor de 1.800 miembros, la “gran mayoría” para ejercer en la empresa privada, continúan, pese a no poder dar una cifra exacta. E insisten: “Entre los abogados del Estado son muchos más también sobre todo para ir a la empresa privada”.
Entre los letrados del Consejo de Estado, cuerpo reducido y de prestigio, por ejemplo, cinco de 38 (el 13%) están en excedencia voluntaria por intereses particulares según la propia institución.
La asociación de técnicos comerciales y economistas del Estado dice a este diario que no tiene la información.
Más allá, el fenómeno queda claro que se repite.
“Es una hipótesis, pero la tendencia se incrementó cuando se privatizaron las grandes empresas públicas y pasaron a ser algunas multinacionales del Ibex. Estas hallaron en los altos funcionarios del Estado un yacimiento de directivos. Desde ese momento hay una cierta relación promiscua entre las grandes empresas y grandes cuerpos del Estado” indica Ramió. Y los salarios, que se multiplican en el sector privado, parecen una razón obvia para que así siga.
Más allá Jorge Crespo, profesor de ciencia política y de la administración en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en la materia, recuerda que “desde que se crearon las bases de la función pública española contemporánea en el siglo XIX siempre ha habido una gran necesidad de incorporar talento a la Administración en momentos en que dicho talento, o cualificación, era un bien muy escaso. Se ha ido buscando la manera de comprometer a ese personal con la Administración dándole un estatuto con frecuencia privilegiado”, detalla.
Un “privilegio” que hoy sigue.
El año pasado el Ejecutivo preparó e hizo público el borrador de proyecto de ley para regular y prevenir estos conflictos de intereses. Para reformar la norma en vigor, que es de 1984, y por la que el funcionario se ve obligado a encadenar al menos cinco años de ejercicio público antes de poder solicitar la excedencia por interés particular pero luego nadie controla qué se hace en ella.
No ha ido a más. Se sigue a la espera.
El ministerio de Hacienda y Función Pública lo resume así: “Seguimos trabajando en esa norma. Hay que esperar a que terminen los trabajos internos para ver cómo queda finalmente. Lo siento, no hay información sobre una fecha”.
Desde la Federación de las asociaciones de los cuerpos superiores de la Administración estatal (Fedeca) se arguye que ajustar los salarios importa, “pero nunca es el momento”; que regularlo “es un arma de doble filo” al aumentar las incompatibilidades y no poder completar el salario con, por ejemplo, cierto número de clases en la universidad. Y por que “lo que debe regularse son las puertas giratorias y conflictos de interés, si se contrata en el sector privado por su competencia o por lo que sabe ese alto funcionario, siendo esto último lo que debería evitarse”.
Se mira a Europa. Pero, otra vez, por ahora nada.
¿Por qué? “Porque los altos funcionarios tienen un enorme poder: controlan los resortes de la Administración General del Estado (al fin y al cabo, son ellos los que preparan los borradores legislativos), controlan la política clásica del PSOE-PP al estar insertados en estos dos grandes partidos, y controlan algunas grandes empresas. El poder político, el institucional y el empresarial de este colectivo es impresionante” expresa el catedrático de la Pompeu Fabra.
Falta consenso. Profesional. Y político.
