Escabeche o ultraderecha

Por Carlos Mármol

“La conciencia reina, pero no gobierna”, decía Paul Valéry. Si aplicamos la lección al caso del gobierno del cambio (sin cambio) en Andalucía, que este mes de abril probablemente pondrá fin de forma anticipada a su primera legislatura para convocar a las urnas en junio, salvo sorpresa mayúscula, podríamos decir que Juan Manuel Moreno Bonilla, el primer presidente autonómico no socialista en el Sur de España, ha perdurado más de tres años en el Quirinale gracias a una singular amnesia voluntaria. No sólo se trata del principal hito de su mandato, sino que además es su gran esperanza para continuar en el cargo con las mínimas ataduras, aunque todavía tendremos que esperar casi cincuenta días –el tiempo desde la disolución de la cámara de las Cinco Llagas y la fecha electoral– para evaluar si dicha táctica le da resultado.

Moreno Bonilla llegó a San Telmo en enero de 2019 gracias a los votos de Cs –entonces con una cuota electoral similar al PP– y a los diputados de Vox. Su primera decisión fue anunciar una auditoría del sector público de la autonomía, supuesto preludio de la reforma a fondo que su partido y sus dos socios parlamentarios demandaban desde la oposición.

El cambio que decían abanderar PP y Cs exigía acometer la remodelación de la administración heredada, una estructura cara, ineficaz y contaminada tras 36 años de sucesivos gobiernos socialistas debido a los ancestrales vicios meridionales del nepotismo y el clientelismo. La Junta era –y todavía es– el pozo (sin fondo) donde va a parar la mayor parte del gasto público en Andalucía.

Tres años y medio más tarde, el presidente de la Junta disolverá la cámara de las Cinco Llagas sin haber adoptado ni una decisión de enjundia que haya modificado esta herencia del PSOE.

Su apuesta ha consistido en dejarlo casi todo como estaba –a excepción de los titulares de las consejerías y la nómina de los cargos de confianza– con la esperanza de que sea el gatopardismo –lo que San Telmo llama “moderación”– el factor capital que, antes del verano, incentive la captación de votos de una parte de antiguos electores socialistas en favor del PP. No se trata sólo de los 30.000 trabajadores del sector público de la Junta, entre ellos muchos empleados públicos y funcionarios cercanos, cuando no directamente militantes, del PSOE. Esta bolsa electoral comprende un ámbito sociológico más extenso que incluye al entorno de la patronal andaluza, a los sindicatos y a otros representantes de lo que los socialistas denominaban en su época la concertación social. Un acuerdo entre distintos actores políticos, en apariencia antagónicos, que acostumbran a ponerse de acuerdo para influir en el destino del presupuesto de la Junta, reciben una parte nada despreciable del león de las subvenciones y, al cabo, permiten a San Telmo que la dialéctica política se limite a un teatro (sin musas).

Este inmenso colectivo social, cuyos intereses particulares se verían afectados si realmente se consumase un cambio en la Junta, ha visto con regocijo cómo el Quirinale no sólo no abordaba en estos tres años ninguna iniciativa para cambiar la administración, sino que ha replicado los usos políticos del PSOE, olvidándose de sus promesas y convirtiendo el cambio en escabeche. Haciendo pasar por fresco un pescado excesivamente madurado y perpetuando así la herencia socialista en el tiempo con rostros nuevos, pero idénticas prácticas.

De ahí que Moreno Bonilla, en puertas de unas elecciones que van a convocarse en un marco de creciente incertidumbre, apele a los votantes socialistas para que le “presten su voto” y pueda gobernar en solitario, sin tener que depender (en exceso) de los legionarios de Vox. El mensaje del Quirinale es diáfano: la mejor forma de conservar el cambio (sin cambio) no es votar al PSOE, cuyas opciones electorales son discretas. Es apoyar la moderación andalucista del PP, cuyo mandato no ha traído excesivas sorpresas en relación al PSOE en estos tres años y medio. Sin duda tampoco las habrá si se revalida el control de la presidencia de la Junta.

La paradoja es que el PP necesita de forma imperiosa recibir una parte de los sufragios de este electorado que, aunque culturalmente se identifique con perfiles progresistas, es netamente conservador porque desea que las políticas autonómicas primen a las estructuras de la Junta antes que a la sociedad. Una sinécdoque política que cabe formular así: Andalucía es, en primer lugar, la autonomía; sólo después, viene la gente. Dicho a lo Trump: la Junta, first.

El gatopardismo del Quirinale no es consecuencia de las circunstancias. Se trata de una estrategia consciente, meditada y sostenida a lo largo del tiempo. Practicada incluso cuando Vox, el partido de las tres derechas reunidas que ha exigido con mayor vehemencia la necesidad abordar esta reforma, aunque sin dejar hasta finales del pasado año de prestar respaldo parlamentario a PP y Cs, censuró el incumplimiento de este punto del acuerdo de gobierno que permitió a Moreno Bonilla alcanzar la presidencia de la Junta.

La amnesia del Quirinale ante este compromiso es el método mediante el cual el PP ha ido emulando al PSOE con objeto de asentarse en el poder autonómico. Desde el comienzo, la legislatura de las tres derechas ha sido un ejercicio de cinismo: predican un cambio que se han cuidado de no consumar en ningún instante. La decisión tiene costes que van mucho más allá de los morales –en política existen los intereses, no la coherencia– porque, además de no sacarle más partido al dinero público, impidiendo que haya más inversión en servicios como la educación o la sanidad, la falsa comedia del cambio (sin cambio) ha implicado más gasto, aunque en esta ocasión sea en beneficio de las auditoras y consultoras externas privadas que han evaluado –para nada– la salud de la administración regional.

San Telmo ha mareado la perdiz desde el primer momento. Se limitó a utilizar los avances de las auditorías para acusar a los socialistas de inflar el gasto en personal con sobresueldos y crear una red clientelar con cargo al presupuesto. La administración paralela se rige por el derecho privado y, en algunos casos, paga sueldos de 48.000 euros anuales en puestos base. A tan grave denuncia siguió un asombroso olvido: Moreno Bonilla y Cs se vienen resistiendo desde 2018 a cualquier reestructuración de la Junta, a pesar de la insuficiencia financiera crónica que sufre la autonomía dada la negativa de la Moncloa a resolver la financiación regional y los considerables sobrecostes que ha provocado la pandemia de coronavirus.

El Quirinale ha preferido deteriorar los servicios públicos –como ha sucedido con la Atención Primaria durante las sucesivas olas de la covid– antes de dar luz verde a cualquier cambio que genere ahorros y fondos propios para atender a las nuevas prioridades sociales. Ni en esos momentos, ni mucho menos antes, como ocurrió en la negociación de las cuentas con Vox,

Moreno Bonilla y Juan Marín han querido situar esta cuestión como una prioridad. De los tres años y medio de legislatura, más de dos se han consumido esperando el resultado de las auditorías, que han costado casi cuatro millones de euros y cuyas conclusiones suman 6.000 folios donde se detallan –con lujo de detalles– duplicidades políticas y gastos innecesarios.

En 2021, el Quirinale se vio forzado a hacer públicos estos informes coincidiendo con una crisis con Vox en la negociación de las cuentas autonómicas. Desde entonces, San Telmo no ha adoptado ni una medida en consonancia con su diagnóstico. Como quien oye llover en la lejanía. Guardó las auditorías en un cajón y esperó hasta que las encuestas empezaran a despejar el horizonte.

La meteorología política, sin embargo, no ha dejado de empeorar. La primera tormenta fue el hundimiento de Cs. La segunda es el ascenso de Vox, que desafía el deseo del PP de gobernar solo. El cambio jamás llegó a Andalucía. El PSOE y las izquierdas, según los últimos sondeos, no van a sumar una mayoría alternativa a la confluencia entre las dos nuevas derechas. Toda la disyuntiva electoral de los inminentes comicios de junio va a limitarse a elegir entre el escabeche (el cambio sin cambio del PP) o la ultraderecha (Vox). Sin que pueda descartarse que ambos, al final, terminen coincidiendo.