Por Mariano Guindal
CC.OO. y UGT se encuentran en uno de los momentos más difíciles. Si no aceptan los sacrificios salariales que la guerra ha impuesto, serán acusados de ser los causantes de la crisis que se avecina. Si, por el contrario, aceptan no recuperar el poder adquisitivo, serán los responsables del frenazo del consumo y, por ende, de la paralización de la economía. Hagan lo que hagan están pillados. Y unos sindicatos que ni pactan ni movilizan están abocados a la irrelevancia.
"Es mejor que no haya un pacto a que haya un mal pacto de rentas". Así lo cree el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y le respalda el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Si la condición es que haya cláusulas de revisión salarial como exigen los sindicatos, es mejor dejar las cosas como están. La razón es que indiciar los salarios supone perpetuar la inflación en el medio y largo plazo, y esto significa pérdida de competitividad y, por lo tanto, menos crecimiento y empleo.
Lo deseable es que el Gobierno consensúe con los agentes sociales los graves sacrificios que exige la guerra de Ucrania. No queda otra alternativa para evitar un ajuste duro de la política monetaria por parte del BCE que nos conduciría a un nuevo "austericidio". Si CC.OO. y UGT no renunciaran a introducir en los convenios colectivos cláusulas de revisión salarial, entonces el ajuste se haría por la propia lógica del mercado. De hecho, es lo que está sucediendo. Con una inflación del 8,4% los incrementos de salarios que se han firmado ya para este año se sitúan en el 2,4%. Es decir, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo de forma significativa.
Sólo un tercio de los convenios tiene cláusula de revisión, el 70% restante ha renunciado a recuperar su poder de compra, porque los trabajadores no tienen poder contractual para defender sus criterios. Las empresas también se están ajustando. No por conciencia cívica, sino por la fuerza del mercado. El 40% de las que no están sometidas a la competencia exterior han trasladado el aumento de sus costes a los precios. Pero hay un 60% que han tenido que asumirlo recortando sus beneficios porque perderían competitividad.
Todo esto pone de manifiesto que el ajuste salvaje se está produciendo, es absolutamente injusto y golpea a los más débiles. Hay que tener en cuenta que para las rentas más bajas la factura de electricidad, gasolina y alimentos representa el 25% de sus ingresos. El impacto es menor para las rentas medias, el Banco de España estima que apenas llega al 15%.
Gobierno, patronal y sindicatos tienen que asumir que la guerra y las sanciones económicas para frenar a Putin nos ha hecho a todos más pobres. El gas, el petróleo y los cereales han subido exponencialmente como represalia. En consecuencia, los europeos tenemos que comprarlos más caros. Por todo ello no podemos hacernos trampas en el solitario, los bienes nos cuestan más y el sacrificio hay que repartirlo entre todos de la forma más equitativa.
Para lograrlo, el gobernador del Banco de España ha insistido en la necesidad de alcanzar un gran pacto de rentas entre el Gobierno, la oposición, los sindicatos y los empresarios. Similar al que se alcanzó en 1977 con los pactos de la Moncloa, que impulsó el entonces vicepresidente económico, Enrique Fuentes Quintana.
Básicamente sería un acuerdo con una duración de cuatro años, salarios con subidas similares a la inflación subyacente -ahora, del 4,4%- y sin cláusula de revisión salarial. Es decir, no se recuperaría el poder adquisitivo perdido. Funcionarios y pensionistas tendrían que aceptar también el sacrificio. Por su parte, los empresarios tendrían que asumir una parte del aumento de los costes, aunque ello supusiera el recorte de parte de sus beneficios. Por último, las administraciones públicas tendrían que recortar sus gastos en la misma proporción.
Este pacto de rentas debe incluir como condición imprescindible ayudas directas para las rentas más bajas. No se trata de una bajada de impuestos generalizada, sino de medidas muy específicas para los más débiles.
Para plantear este enorme sacrificio a la sociedad, no sólo para este año, sino para los siguientes, habría que concienciar a los ciudadanos de que es necesario asumir "sangre, sudor y lágrimas" para evitar un ajuste de caballo en la siguiente legislatura. Y para ello sería necesario un pacto político que evitara que este ajuste fuera utilizado como arma arrojadiza. Algo impensable en un período electoral como el actual.
