Por Mariano Guindal
Las palomas han pasado a ser halcones en el Banco Central Europeo (BCE). La razón ha sido el shock energético, que va a ser largo. Un nuevo escenario que ha obligado a dar un brusco golpe de timón a la política monetaria.
Con la pandemia, la estrategia fue tipos de interés bajos, estímulos y primas de riesgo anestesiadas con el fin de evitar una recesión. El consumo se había paralizado de golpe, y eso requería políticas de estímulo de la demanda para que las empresas no quebrasen.
Pero con la guerra de Ucrania y la crisis energética, la situación ha cambiado radicalmente. Los precios se han disparado, y ahora el enemigo a batir es la inflación. Hay demasiados billetes en circulación. Cerca de nueve billones de dólares más que antes de la pandemia. Los precios del gas y del petróleo se han disparado, lo que obliga a pagar mucho más por la energía que consumimos. Somos más pobres y tenemos que asumirlo.
La solución es consumir menos y apretarnos el cinturón. Una bajada de impuestos generalizada como se ha hecho con el precio de la gasolina alivia el precio a corto plazo, pero supone una pérdida de competitividad. Es decir, que la próxima legislatura habrá más paro y más recesión. La situación recuerda al final de la década de los setenta, cuando el crac petrolero sumió a Europa en una brutal caída económica. El profesor Luis Ángel Rojo dejó entonces escrita la hoja de ruta, que es la que las autoridades monetarias han dedicidido seguir al pie de la letra. Así han pasado de la política monetaria expansiva de 2020 a la política radicalmente restrictiva en 2022.
Los tipos de interés han comenzado a subir, en línea con lo que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso es sólo el principio. Pronto la entidad que preside Christine Lagarde hará lo mismo. Dicho en román paladino, es el final de la "barra libre" para la deuda española, que tiene que volver a enfrentarse a la pesadilla de la prima de riesgo, como sucedió durante la Gran Recesión de 2008-2009.
Es cierto que hay un colchón que puede servir de amortiguador durante unos meses. El Tesoro colocó el año pasado mucha deuda a precios baratos. Sin embargo, el bono a diez años ya ha superado el 2%. Por el momento, España se financia a tipos inferiores a la media, pero la tendencia es clara a medio plazo.
Por este motivo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido al Gobierno un giro radical a la política expansiva que se había diseñado con motivo de la pandemia. Es necesario empezar a reducir el déficit estrucutral. Es decir, los gastos ineludibles que el Estado tiene que pagar con crisis o sin ella, como la nómina de los funcionarios y los pensionistas, la sanidad y el servicio de la deuda. El objetivo es dar una señal al mercado para recuperar la confianza de los inversores. Si no se elabora esta estrategia para ganar credibilidad, veremos cómo se dispara la prima de riesgo, igual que sucedió en 2012, cuando se colocó a España al borde del crac financiero.
No se trata de reducir el déficit de golpe, ni siquiera de empezar a reducirlo este año, pero sí de empezar a elaborar un plan de amortización de la deuda acumulada a diez años, como han hecho otros países. Se trata de ir reduciéndolo en medio punto anual a partir del próximo ejercicio. Una recomendación que el Gobierno no quiere ni oír en pleno período electoral, a pesar de los continuos mensajes que ya está recibiendo del BCE.
Todo hace pensar que los presupuestos generales de 2023 que se empiezan a elaborar ahora serán claramente electoralistas. Para los socios de Sánchez, la deuda es perpetua, de ésa que no se paga. Ya vendrán de Europa a rescatarnos, como le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero hace una década.
Si la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es incapaz de convencer al Ejecutivo de que es necesario un plan para comenzar a amortizar el déficit público; y si la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no consigue convencer a los agentes sociales para que firmen un pacto social para repartir sacrificios, España podría caer en una estanflación en la próxima legislatura.
No hay otra salida. Tal inacción sería de una irresponsabilidad histórica de parte de un Gobierno que no parece dispuesto a asumir ningún tipo de sacrificio.
(Dinero, La Vanguardia, 09/05/22)
