Por Manuel Delgado Cabeza
En la última década (2011-2020), mientras se recortaba casi todo lo social y empeoraban las condiciones de vida de la gran mayoría de la población en el Estado español, el valor del patrimonio de las 200 grandes fortunas se ha duplicado, pasando de 129.400 a 266.500 millones de euros. Los diez mayores patrimonios pasan de acaparar un 32,1% del total de los 200 en 2011 a acumular el 47,6% del mismo en 2020 (Informe anual de El Mundo). Este enriquecimiento de los más ricos no tiene como fuente “lo productivo”, como muestra la evolución del PIB, que apenas crece en este período, ni es el resultado de trabajo, utilidad o función social alguna; es consecuencia de la mera revalorización de activos, financieros, inmobiliarios u otros; del aumento del precio de acciones y títulos adquiridos muchos de ellos con lo obtenido en revalorizaciones anteriores; “lucro sin contrapartida” como señala José Manuel Naredo en su Taxonomía del lucro. Formas de hacer dinero predominantes en esta etapa del capitalismo que engordan a una oligarquía parasitaria que ve así acrecentarse su capacidad de compra para poder seguir aumentando su riqueza y su poder. Una élite económico-política que solapa con frecuencia sus comportamientos especulativos con prácticas depredadoras de caciquismo clientelar, tratos de favor y saqueo de lo público que le permiten ampliar la apropiación de riqueza ya producida.
En 2020, de estas 200 grandes fortunas, más de la mitad están localizadas en Cataluña, Madrid y el País Vasco, concentrándose en estos centros hegemónicos la riqueza y el poder dentro del Estado. Andalucía se sitúa en la otra orilla, con 11 apellidos entre los 200 y el 2,2% del valor patrimonial[i]. Según estos datos, la élite económica andaluza ocupa un lugar residual en la distribución del poder económico dentro del Estado; en su conjunto es una élite raquítica, con dos actividades predominantes asociadas a los apellidos que la integran: la agroalimentaria y en mucha menor medida el binomio construcción y turismo. La situación periférica de Andalucía, empobrecida y subalternizada por su dedicación, -área de extracción y de vertidos-, no debe ser ajena a esta jerarquización de las grandes fortunas dentro del Estado.
La evolución de los patrimonios vinculados a los activos agrarios o agroalimentarios, sobre los que se ha venido sosteniendo históricamente el poder de las élites en Andalucía, ha experimentado en las cuatro últimas décadas una doble trayectoria. Por un lado, la parte más saneada del acervo empresarial local ha sido apropiada y/o puesta al servicio de estrategias financieras de creación y apropiación de valor por parte de grandes corporaciones transnacionales, con una fuerte pérdida de protagonismo del capital y los grupos locales de poder. La novela de Caballero Bonald En la casa del padre da cuenta de cómo para esta vieja oligarquía agraria, “centinelas de la patria” española, acostumbrada a ostentar “una preponderancia aprendida de otra preponderancia”, en los 80 del siglo pasado “todo tenía ya un áspero, un insorportable olor a decadencia”.
Dentro de este grupo nos encontramos con apellidos como Domecq, Osborne, Larios, o Carbonell, cuyos patrimonios empresariales fueron adquiridos por grandes corporaciones a partir de mecanismos apoyados en la “creación de valor” a la que antes me refería, como la emisión de títulos, deuda no exigible que les proporciona capacidad de compra y hace posible la apropiación de riqueza ya creada. En el caso de la adquisición, a finales de los noventa, del grupo Cruzcampo por Heineken (649 millones de euros), la multinacional cervecera consigue muy pronto sumar a esta apropiación la de plusvalías por valor de 300 millones de euros generadas por una operación de especulación inmobiliaria en los terrenos donde se situaba la fábrica. Para eso hubo que cambiar el plan urbanístico de Sevilla, que tenía como pilar básico “la participación ciudadana”. En una maniobra especulativa que se justifica por parte de la corporación municipal, gobernada por un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida, por la búsqueda y utilización de “espacios de oportunidad” bajo el lema: «Sevilla, la construcción de un sueño». Espacios donde pueda hacerse dinero conforme a las nuevas formas de enriquecimiento, en este caso recalificando terrenos que al convertirlos en residenciales se considerarán más “productivos” por las plusvalías que se obtienen a partir de su revalorización. Utilizando la metáfora de la producción se procura la apropiación de riqueza a partir de un proceso meramente especulativo.
Con estas adquisiciones, los grupos apropiados pasan a ser piezas de un puzle gobernado desde estrategias financieras propias del capital global, utilizándose ahora una parte de los establecimientos para la distribución y/o el embotellado de marcas globales, globalizándose también los proveedores, o trasladándose la producción, como ocurrió en el caso de Larios, fuera de Andalucía, con el consiguiente deterioro de los tejidos económicos locales.
El otro camino seguido por esta burguesía agroalimentaria ha sido el de prosperar con la globalización de sus negocios o, utilizando su posición de poder, convirtiéndose en concesionarios de grandes corporaciones multinacionales. En este grupo, entre las familias que han expandido sus negocios hasta convertirlos en globales o han prosperado con la adjudicación de procesos de elaboración y distribución de grandes marcas multinacionales encontramos apellidos como González-Gordon, Osborne, Caballero, las ramas familiares Bohórquez Domecq o los Mora-Figueroa Domecq, todas fortunas ligadas en su origen a la vieja oligarquía terrateniente-bodeguera jerezana.
De los integrantes de esta burguesía vinculada al marco de Jerez quienes han alcanzado los valores patrimoniales más altos, la familia Mora-Figueroa Domecq y Ana Bohórquez Escribano (4º y 6º lugar en Andalucía en 2020), lo han hecho como concesionarios de la mayor corporación mundial de bebidas: Coca-Cola, cuya franquicia, Rendelsur, ha ido experimentando un fuerte proceso de crecimiento, llegando a ocupar durante muchos años el segundo lugar, después de Heineken, entre las empresas agroalimentarias con sede en Andalucía. La revalorización de los activos financieros de esta empresa ha sido el fundamento del auge patrimonial de estas familias.
Los Mora-Figueroa Domecq regentan hoy un extenso entramado de fincas, con 25.000 hectáreas de tierra de su propiedad, bodegas, suelo e inmobiliarias. Propietarios de grandes latifundios como Las Lomas, (12.000 hectáreas), son también los dueños del Santa María Polo Club de Sotogrande, punto de encuentro de las mayores fortunas del mundo. Como otras muchas familias de terratenientes andaluces, la familia Mora-Figueroa sobresalió por su apoyo a la sublevación militar de 1936 y al franquismo después. Como cuenta Paul Preston en el capítulo de El holocausto español “El terror de Queipo: las purgas de Andalucía”, miembros de la familia Mora-Figueroa fueron destacados integrantes de Falange y participaron activamente en la insurrección encabezando una columna junto con otros representantes de la oligarquía terrateniente jerezana que llegó a conocerse como “el Tercio Mora Figueroa” que protagonizó la toma y la represión de una parte de la provincia de Cádiz, de la Serranía de Ronda, de Málaga capital y de zonas de Córdoba y Badajoz. El premio a esta fidelidad terminaría siendo su mejor negocio: la concesión de Coca-Cola en Andalucía y Extremadura. El reparto de las licencias de esta marca la hizo en 1951 Juan Manuel Sáinz de Vicuña, casado con María Fernanda Primo de Rivera, nieta del anterior dictador y miembro también de esta oligarquía terrateniente jerezana.
Esta vieja oligarquía agraria andaluza, que históricamente tuvo una participación decisiva en el empeño por construir un Estado-nación español, defendió siempre sus intereses “pensando en Madrid”; desde su integración en el bloque de poder dominante dentro del Estado, y desde su inserción o su influencia en las instituciones de gobierno del mismo. El reacomodo de parte de esta burguesía, que sigue ocupando un lugar importante dentro de las élites de poder económico en Andalucía, a los nuevos modos de convertir el dinero en más dinero no ha cambiado esa perspectiva sobre desde donde se protegen sus intereses.
Para ilustrar en los últimos años la conexión de estos clanes organizados con las redes de poder que garantizan la reproducción de sus posiciones de privilegio desde el Estado se puede tomar el caso de Miguel Arias Cañete, máxima expresión de las puertas giratorias y punto de intersección de diversos círculos de influencia económica y política. Casado con Micaela Domecq Solís-Beaumont, una de las mayores latifundistas de Andalucía, cuya familia recibió 1,8 millones de euros en subvenciones de la PAC mientras Arias Cañete era ministro de agricultura a través de empresas a las que él estuvo vinculado como administrador. El cruce entre los apellidos Domecq y Arias produce una densa maraña de intereses empresariales cuyo capital acumulado fue desviado en parte a paraísos fiscales, como mostraba la aparición de Micaela Domecq en “los papeles de Panamá”, en un ejemplo claro de cómo estas élites andaluzas continúan utilizando con impunidad el aparato del Estado, ampliado ahora al de la Unión Europea, para ampliar su riqueza y su poder. Continúan vigentes las palabras de Joaquín Costa en su Oligarquía y Caciquismo de 1901: El gobierno del Estado “no es un régimen parlamentario viciado por corruptelas y abusos, sino un régimen oligárquico servido por instituciones aparentemente parlamentarias donde eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituye la forma verdadera del Estado”
La Junta de Andalucía replica, acompaña y participa de este neocaciquismo desde una posición de clara subalternidad. ¿Qué hubiera dicho aquel jornalero andaluz que en la 2ª República, ante el capataz mandado por el amo para comprar su voto exclamó, negándose, “en mi hambre, mando yo” al enterarse de que los supuestos representantes del pueblo al que él pertenecía otorgaban en 2006 a Cayetana Fitz-James, Duquesa de Alba, veinte veces Grande de España, el título de Hija Predilecta de Andalucía?
Pertenecientes a una saga con origen en la burguesía agraria andaluza y vinculados y emparentados con otras ramas de la misma, hay que incluir aquí a los Benjumea, hasta 2015 “amos” de Abengoa, empresa fundada en 1941 y en sus comienzos dedicada a montajes eléctricos, que más tarde extendió su radio de acción a otros campos como infraestructuras, energía, ingeniería y construcción, convirtiéndose con el tiempo en un grupo empresarial multinacional que durante muchos años fue el más importante con sede en Andalucía.
Los Benjumea llegaron a Andalucía desde la Rioja en el siglo XVI con motivo de la conquista castellana y a la sombra del Duque de Osuna dos siglos más tarde estaban en la cúspide social de La Puebla de Cazalla como ganaderos y grandes propietarios de tierras. También la familia Benjumea, como veíamos que ocurrió con otras familias de la oligarquía agraria, colaboró a fondo con los sublevados del 36, y eso les rindió grandes beneficios. Formaron parte de las milicias paramilitares falangistas que a caballo “limpiaron” los campos andaluces bajo las órdenes de Queipo e Llano; razias en las que participaron también de manera significativa personajes como Rafael Medina Villalonga, Duque de Medinaceli, nombrado alcalde de Sevilla en 1943 y Ramón Carranza Gómez, marqués de Soto Hermoso, que también fue alcalde de Sevilla entre 1936 y 1938, “uno de los responsables de la represión salvaje del barrio de Triana” (A. Maestre, «Franquismo S.A.», 2019).
De los Benjumea el nombre más ilustre y en mayor medida beneficiario de los favores del franquismo fue Joaquín Benjumea Burín, que perdió a un hijo falangista en los inicios de la sublevación militar en la que él también intervino activamente organizando la retaguardia bajo el mando de Queipo de Llano, siendo alcalde de Sevilla en 1938 y 1939. Posteriormente fue Ministro de Agricultura de 1939 a 1941 y luego Ministro de Hacienda (1941-1951) y Gobernador del Banco de España (1951-1963). Un amplio historial en las esferas del poder político del dictador, que le otorgó en 1951 el título de Conde de Benjumea.
Un sobrino de Joaquín Benjumea, Javier Benjumea, fundó en1941 Abengoa, siendo su tío ministro de Franco; pronto obtuvo del Estado una contrata que supuso un impulso fundamental para que la entonces pequeña compañía se convirtiera en una gran empresa: la concesión de la electrificación de RENFE, un año después de que otro tío suyo, Rafael Benjumea Burín, Conde de Guadalhorce, fuera nombrado presidente de la citada compañía ferroviaria. Nada más lejos del “hecho a sí mismo” asociado al relato ideológico de la meritocracia con el que tratan de justificarse posiciones de dominio y de poder. Desde los años 80 del siglo XX fue sobre todo el paraguas del PSOE el que cobijó los intereses de Abengoa, tejiéndose una densa red de conexiones político-empresariales que facilitó la expansión del grupo.
A la estrecha relación con la Monarquía, que concedió al fundador de la empresa el título de Marqués en 1994, se sumaron numerosos intercambios de favores con quienes en cada momento gestionaban el poder político en las instituciones del Estado, exprimiéndose el uso de las puertas giratorias. Alberto Aza, jefe de la Casa Real entre 2002 y 2011 “ponía cara a la participación accionarial que el rey Juan Carlos detentaba en la empresa”, estando José María Aznar “informado de que los Benjumea darían un paquete de acciones – ¿a cambio de qué? – al Rey Juan Carlos”…. “El hijo de Aza fue miembro del consejo de administración de Abengoa Bionergía. El mismo consejo donde se sentó Carlos de Borbón Dos Sicilias, primo del Rey”. (Carlos Pizá, “Reino de España: Abengoa, ingenieros de la conexión”. Sin Permiso, 30/10/2017).
Además de los ya citados, en la trama de conexiones aparecen nombres como los de el expresidente José María Aznar, Luis Atienza, exministro de Agricultura, el exministro de Industria Miguel Sebastián y su hermano Carlos o Ricardo Martínez Rico, “uno de los más cercanos asesores de Cristóbal Montoro desde 1996” y compañero suyo en la consultora Equipo Económico. “Abengoa, líder en energía termosolar, continuó recibiendo las primas a las renovables en contra del criterio del ministro de Industria, José Manuel Soria. Montoro, ministro de Hacienda, jugó aquí un papel fundamental. Pese al silencio mediático, la ubicación de Ricardo Marínez Recio en el consejo de Abengoa y la de su hermano Felipe como director del gabinete del ministro Montoro no pueden considerarse precisamente casuales” (Andrés Villena, «Las redes de poder en España», 2019).
Como muestra del uso de puertas giratorias valgan los casos de José Borrell, exmiembro de varios gobiernos del PSOE, que fue miembro del consejo de administración de Abengoa y presidente del consejo asesor internacional del grupo, o el de José Domínguez Abascal, mano derecha de Felipe Benjumea, al que llegó a sustituir en la presidencia en 2015 y que fue Secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica desde 2018 a enero de 2020, cargo que tuvo que abandonar tras su imputación en la investigación judicial abierta por las graves irregularidades detectadas en la parte del proyecto de AVE Meca-Medina ejecutada por Abengoa.
También en la Junta de Andalucía encontró Abengoa concesiones y ayudas a cambio de favores, pero las conexiones aquí son residuales y mucho menos trascendentes. Coincidió que las ayudas de la Junta fueron abundantes en la etapa en que una hija del entonces presidente, Manuel Chávez, estaba asociada a la empresa. Ya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había abierto un expediente sancionador a Manuel Chávez a raíz de que la empresa minera Matsa, a la que la hija pertenecía con funciones de asesoramiento jurídico, recibió 10,1 millones de euros a través de un incentivo aprobado en un Consejo de Gobierno presidido por su padre (Diaro de Sevilla, 15/1/2011).
En consonancia con el comportamiento que veíamos en las élites vinculadas a activos agrarios y agroalimentarios en el artículo anterior y a pesar de que los Benjumea mantuvieron la sede de la empresa en Sevilla, sus intereses se protegían desde Madrid, y fue ahí donde se volcaron para conseguir influencia y para poner al poder político a su servicio.
A principios del año 2015 Felipe Benjumea aparecía en el número 19 en la lista de «Los 200 más ricos de España», (El Mundo), con un patrimonio en bolsa de 694 millones de euros. En septiembre de 2015 los 30 bancos acreedores de la empresa le daban un ultimátum para que cediera el control de la misma. Después de décadas de expansión incontrolada, de megaproyectos cargados con sobrecostes, de generosas subvenciones recibidas de las instituciones públicas, de préstamos pedidos para proyectos aún inexistentes con los que financiaban los agujeros de los que estaban en marcha, enredando sus cuentas en una maraña de 900 sociedades, después de prácticas que iban desde crear sociedades para que la familia pudiera apropiarse de plusvalías excluyendo al resto de los accionistas hasta la manipulación de la contabilidad de la empresa como práctica generalizada, reflejando las cuentas una “notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera”, como consta en el Informe de la Audiencia Nacional (Elena Sevillano, El País 3-2-2020), después de abusos en las relaciones laborales -los trabajadores le llamaban Palmatraz al campus de Palmas Altas, donde se encuentra la sede corporativa-, los herederos de Abengoa, empresa que aparentaba ser modélica dentro del IBEX-35, llevaron a la empresa a la ruina. Felipe Benjumea dejó a Abengoa con un pasivo total de deudas de 25.000 millones de euros y en ocho meses quedaron en la calle más de 5.000 trabajadores. A pesar de este enorme fraude, Felipe Benjumea se aseguró antes de irse una indemnización (¿?) de 11,5 millones de euros y 4,5 millones para su mano derecha, Manuel Sánchez Ortega.
Cuando desde la economía convencional se invoca a los mercados como fuerzas impersonales que determinan la vida de la gente se está otorgando impunidad a comportamientos parasitarios y sin escrúpulos guiados por la avaricia y el poder. Este papel encubridor de la ideología económica dominante es el que El Roto desvela cuando dice que “la economía es una rama del ilusionismo”.
No pocos de los apellidos aparecidos en los artículos anteriores y otros nuevos que surgieron al calor de la burbuja inmobiliaria, encontraron en las plusvalías asociadas al negocio inmobiliario una manera fácil y rápida de hacer dinero basada en la revalorización del suelo y los activos inmobiliarios; un negocio con la llave en manos del poder político local, en el que se extendieron las prácticas caciquiles, la corrupción y las componendas relacionadas con el mismo. En la etapa de auge (1997-2008), los amos del negocio inmobiliario apoyaron su expansión en dos pilares: las cajas de ahorro y el poder político local. Las cajas de ahorro, en manos de quienes tenían el control del poder político, asumirán un papel fundamental no sólo en la financiación de los proyectos urbanísticos, sino también como actores que intervienen directamente en el negocio inmobiliario a través de sociedades participadas. Dándose la paradoja de que quienes debieran procurar, desde las instituciones políticas, la ordenación del territorio, el uso del suelo y la planificación urbanística en beneficio del conjunto de la sociedad, vienen a ser los mismos que desde el gobierno de las cajas alimentaban un modelo urbanístico en el que se “ordenó” el territorio andaluz a golpe de convenios urbanísticos urdidos en la trastienda de partidos políticos y empresas. Actuando los profesionales de la política como gestores o “conseguidores” de negocios hechos en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto. “Votemos a los constructores y dejémonos de intermediarios”, decía un personaje de El Roto. El expolio se llevó por delante también a las cajas de ahorro andaluzas, que fueron absorbidas, salvo alguna excepción como Unicaja, por grupos bancarios localizados en Cataluña, Madrid y el Pais vasco, reforzándose así dentro del Estado la concentración del poder económico localizado en las economías centrales.
En este contexto cabe señalar que los apellidos que lideran en Andalucía el negocio inmobiliario son propietarios de grupos empresariales medianos y pequeños, como nos muestra el lugar que ocupan en el ranking español. Cuando el proyecto sobrepasa una determinada envergadura, los grupos andaluces que intervienen juegan un papel subalterno como subcontratistas o auxiliares de los grandes grupos con sede en Madrid o Cataluña. Los metros de Sevilla y Málaga pueden ilustrar esta subalternidad. En su construcción, las empresas andaluzas juegan el papel de satélites alrededor de astros como ACS, y Sacyr en el caso de Sevilla y FCC en Málaga, las tres involucradas en varios casos de corrupción y con apellidos detrás como Florentino Pérez, March, Carceller o Koplowitz, los tres últimos asociados a imperios empresariales protegidos y expandidos bajo el amparo del régimen de Franco. Los Metros de Sevilla y Málaga se construyeron con sobrecostes -costaron el doble de lo previsto-, justificados utilizando procedimientos que, según un Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía carecían de cobertura legal.[ii].
Muchos de los capitales hechos en Andalucía al calor del ladrillo terminaron en un rosario de procesos judiciales del que quizás el más emblemático fue el conocido como caso Malaya, un entramado descubierto a mitad de la década de los 2000 que encubría los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y otros; con personajes como Julián Muñoz o, después de la muerte de Jesús Gil, el capo de la trama, Juan Antonio Roca, al que por aquel entonces algunos llamaban, con ese sentido del humor que aquí ha ayudado siempre a sobrellevar el malestar, “el aloe vera”, porque, “cuanto más se le investiga, más propiedades se le encuentran”.
Al margen de los procesos judiciales, el estallido de la burbuja en 2008 se llevó por delante a muchos de quienes habían conseguido, gracias a ella, hacer fortuna. Entre ellos destaca en Andalucía el caso del sevillano Luis Portillo. “Salido de la nada”, pero protegido por el PSOE y a la sombra de la Expo 92, el llamado príncipe del ladrillo llegó a acumular en 2006 un patrimonio bursátil y empresarial estimado en 3.785 millones de euros, siendo según Forbes la tercera fortuna de España. Ese año presidía tres grandes inmobiliarias: Inmocaral, Colonial y SFC. Con la presentación en 2012 del concurso de acreedores por parte del Grupo Zent Inversiones, cabecera de su holding patrimonial, llegaba el ocaso de este personaje, hoy prácticamente desaparecido. Los daños sociales y ecológicos que causó la avaricia y la ambición de riqueza y de poder de este “emprendedor” perdurarán durante muchos años.
Entre los patrimonios fraguados al amparo del negocio inmobiliario que han conseguido trascender la coyuntura de la última burbuja cabe citar a la familia Cosentino, -en quinto lugar, entre los ricos de Andalucía en 2020, con un patrimonio valorado en 550 millones de euros-, dueños del Grupo Cosentino, nacido de la extracción del mármol de Macael. Hoy a través de la sociedad Surister invierte en suelo, inmuebles y hoteles y gestiona fondos de inversión a través de Artá Capital (Grupo March). Entre las mayores fortunas de Andalucía -265 millones de euros – figura también la familia Beca Borrego (Grupo Bekinsa), con inversiones inmobiliarias, hoteleras y agrícola-ganaderas en 11.000 hectáreas de su propiedad. Son dueños de la Sicav (sociedad de inversión de capital variable, fórmula societaria creada en 1983 por el gobierno de Felipe González y utilizada en la práctica por las grandes fortunas para eludir impuestos) Almaro y sus inversiones se localizan en Andalucía, Extremadura, Portugal y Uruguay.
A menor escala cabe citar los nombres de Contreras Ramos (Grupo Azvi, primera constructora andaluza, con una importante expansión internacional, aunque en el lugar 54 en el ranking español); Sánchez Domínguez, grupo Sando, segunda constructora andaluza (76 en la clasificación española), para el que la concesión de varios tramos de la autovía A-92 se convirtió en la principal fuente de ingresos y base de la expansión del grupo. También puede mencionarse al segundo accionista de Sacyr a través de Beta Asociados, José Moreno Carretero, con inversiones en todo tipo de fondos a través de Beta Equity, sociedad de capital riesgo.
Algunos apellidos vinculados al negocio inmobiliario han conseguido, después de atravesar situaciones difíciles, salvar parte de sus patrimonios; es el caso de Nicolás Osuna, propietario del grupo NOGA, que ha experimentado una fuerte reestructuración en 2015 dando lugar a Inmobiliaria Osuna S.L., un entramado empresarial del que forman parte Noga Capital, inversora para operar con valores y activos, o la división de la cadena Hoteles Center, S.L. Osuna es también propietario de miles hectáreas de olivar, agrupadas bajo la firma Haciendas del Sur, que le convirtieron en uno de los de los mayores receptores de ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Como lo son otras familias andaluzas de las ya aquí reseñadas. Desde 2008 a 2016, 60 de las 200 mayores fortunas del Estado español cobraron más de 250 millones de euros en subvenciones de la PAC (eldiario.es 28-03-2016). Tres “grandes familias” afincadas en Andalucía encabezan la clasificación: Los Mora-Figueroa Domecq, con 50 millones de euros, los Domecq, con 37 y la familia Hernández Barrera, con 29.
Aunque muchos de los negocios inmobiliarios anteriormente reseñados han crecido a la sombra del “desarrollo” turístico, el territorio andaluz se ha convertido en una pieza central para las grandes cadenas turísticas globales, estrechamente vinculadas al capital financiero e inmobiliario, de tal modo que en Andalucía apenas existen hoy patrimonios de cierta entidad vinculados al negocio turístico local. Entre la relación de los cien primeros grupos hoteleros en 2018 dentro del Estado, sólo cuatro tienen su sede en Andalucía y de entre ellos, solo dos pertenecen a familias con patrimonios de cierta entidad.
Uno es el grupo Center, propiedad de Nicolás Osuna, terrateniente y constructor a quien nos referimos antes. El otro es el Grupo Hoteles Playa, propiedad de la familia Rossell, asentada en Almería. La expansión de este grupo fue impulsada por Unicaja y el primer escándalo en el que se vió envuelto José María Rossell, casado con la entonces senadora del PP María del Mar Agüero, vino como resultado de la investigación de la trama asociada a la operación Malaya. El Hotel Senator de Marbella, perteneciente a Hoteles Playa, fue precintado en 2006 después de que su licencia de obra, otorgada por el alcalde Julián Muñoz, hubiera sido declarada ilegal y suspendida en 2004 por el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía. Más adelante, en 2010 fue detenido, considerado testaferro de Dimas Martín, expresidente del Cabildo de Lanzarote y epicentro de un importante entramado de corrupción en la isla. La entrada de Rossell en negocios vinculados a la familia Martín coincidió con la concesión a aquel de una licencia de obras para construir un hotel de cinco estrellas en Lanzarote que no se vio concluido porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la licencia por haber sido concedida por el ayuntamiento presidido por Dimas Martín de forma irregular. A pesar de su papel clave en estos casos de corrupción, José María Rossell y su grupo empresarial aparecen hoy como modelo a seguir, habiendo recibido numerosos premios y reconocimientos, entre otros el nombramiento por parte de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía como “Mejor empresario del Sector Turístico”. En otro ejemplo más de asociación entre carencia de escrúpulos y éxito empresarial.
Vuelve a evidenciarse aquí el predominio de las formas de apropiación de riqueza a partir de extraer plusvalías de un valor que no tiene que ver con la función del empresario como productor de mercancías, sino que se obtiene a través de meros procesos especulativos, de revalorización de activos, dando lugar a la acumulación y concentración de la riqueza en manos de unos pocos por desposesión y/o adquisición de lo que pertenece a la mayoría. En un contexto en el que no es el “libre” mercado el que organiza la economía sino los intereses y el poder de quienes son capaces de imponer las reglas del juego poniendo al sistema político y a otras instituciones del Estado a su servicio; la idea de mercado encubre así el gobierno del poder económico y las relaciones de dominación sobre los procesos de toma de decisiones económicas, sociales y políticas.
Las élites económicas son hoy la encarnación más cruda del homo economicus, de su orden patriarcal y colonial, un hombre que actúa sin restricciones morales o éticas, utilizando a los demás y a la naturaleza como meros instrumentos para satisfacer su ambición insaciable de riqueza y de poder. Desde una individualidad inventada negando los cuidados y las emociones ligadas con las relaciones afectivas. Desde una racionalidad para la que lo indispensable es inútil.
Cuando el coronavirus pone más en evidencia que somos vulnerables, interdependientes y ecodependientes, (yo soy si tú eres), estas élites parecen haber encontrado, en una pandemia que todo apunta a que tiene mucho que ver con la depredación propia del homo economicus, las condiciones idóneas para extender una digitalización, que en nombre de la tecnolatría y el “progreso” acentuará el aislamiento y la disolución de los vínculos comunitarios, facilitando así el control social, y el sometimiento a los designios del Poder. En un momento en el que, si queremos evitar la barbarie, es urgente cambiar la necesidad de dominar por la fuerza que dan el compartir, las raíces y los vínculos con los demás. Comunidad frente a dominación. En esta encrucijada estamos.
(Notas):
[i] Para la localización de los patrimonios se sigue el criterio de ubicación espacial o residencial de las familias o individuos propietarios de los activos y no el del emplazamiento de las sedes de las empresas a los que estén vinculados.
[ii] Una presentación detallada de los casos de los metros de Sevilla y Cádiz puede verse en el trabajo de Manuel Delgado “Los megaproyectos como forma de apropiación de riqueza y de poder en Andalucía”, dentro del libro Los megaproyectos en Andalucía. Relaciones de poder y apropiación de riqueza. Manuel Delgado y Leandro del Moral (coordinadores). Ed. Aconcagua. 2016. Se puede acceder al capítulo aquí: https://portaldeandalucia.org/a-fondo/los-megaproyectos-como-forma-de-apropiacion-de-riqueza-y-de-poder-en-andalucia/
